A finales de la década
de los 80, se manifestó en Costa Rica la
necesidad de contar con una instancia nacional para
la cual fuera prioritaria la búsqueda de
conocimiento de la diversidad biológica del
país, así como su vinculación
a la conservación y a su uso sostenible.
Así, el Decreto Ejecutivo
No. 19153, del 5 de junio de 1989, estableció
la Comisión de Planificación del Instituto
Nacional de Biodiversidad, integrada por representantes
de diversas instituciones gubernamentales, entidades
de educación superior y organizaciones conservacionistas
no-gubernamentales.
Esta comisión recomendó
al Gobierno de la República la creación
de un instituto de biodiversidad estatal que gozara
de un alto grado de autonomía. Sin embargo,
ante las dificultades políticas que ello
suponía y la escasa viabilidad de la propuesta,
el gobierno se vio imposibilitado de ponerla en
práctica. Ante este panorama, los miembros
de la comisión optaron por hacer ellos mismos
realidad la idea y crearon una asociación
privada sin fines de lucro. La iniciativa recibió
el beneplácito del gobierno, que desde entonces
ha apoyado las actividades de la institución.
Empezó, entonces,
un intenso proceso de búsqueda de fuentes
de financiamiento. Además de un préstamo
por un monto aproximado de 80 millones de colones,
la incipiente institución recibió
el aporte de la Agencia Sueca de Cooperación
(SIDA), y una generosa donación de la Fundación
MacArthur de los Estados Unidos, para apoyar en
su desarrollo.
El 26 de octubre de ese
año, un pequeño grupo de personas
se reunió en una bodega en proceso de remodelación,
ubicada en un terreno en Santo Domingo de Heredia,
para celebrar el otorgamiento de la personería
jurídica a la Asociación Instituto
Nacional de Biodiversidad. Había nacido el
INBio.
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